El autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” estableció un régimen de terror ejercido, desde el Estado. Este consistía en la secuencia, secuestro- detención-tortura-muerte y desaparición de personas llevado a cabo por agentes del Estado de manera oculta y sistemática. Las personas consideradas subversivas, sospechosas u opositoras, al gobierno militar eran secuestradas de sus hogares por miembros de la policía o por militares, muchas veces vestidos de civil. Una vez secuestradas las personas eran llevadas a un centro clandestino de detención. Sus familiares y seres queridos nunca más volvieron a saber de ellas. Entre las personas secuestradas se encontraban mujeres embarazadas. La mayoría de ellas dieron luz en los centros clandestinos y sus hijos fueron entregados a otras familias, por lo general personas directamente implicadas en el aparato represivo o allegadas a funcionarios de la dictadura. Una vez concluida la dictadura, los organismos tuvieron un rol central en la escena pública. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, acompañaron con sus archivos la tarea desarrollada por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y colaboraron de manera activa en la realización del Juicio a las Juntas y con las causas que se abrieron con posterioridad a su histórica sentencia. Con diferentes estrategias, los organismos mantuvieron vivo durante cuarenta años el reclamo por justicia, de un modo efectivo en el campo simbólico y que produjo también avances institucionales trascendentes. Para 2003, gobierno de Néstor Kirchner, en diferentes causas existían planteos y declaraciones de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y de los indultos; se restituyo la identidad de niños y niñas secuestrados con sus padres o nacidos en el cautiverio de sus ma¬dres; se creó la Comisión Nacional por el Derecho a la Iden¬tidad y el Banco Nacional de Datos Genéticos; se habían exhumado e identificado los restos de cerca de 200 personas asesinadas y enterradas como N.N.; se dieron pasos importantes para la reparación económica a las víctimas demandada al gobierno argentino por la CIDH a partir de un caso interpuesto por el CELS; se había aprobado en nues¬tro país la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de la Organización de los Estados Americanos. Necesitamos inexorablemente fortalecer y seguir avanzando en las políticas de Estado con el objetivo erradicar los casos de impunidad, para aquellos que llevaron adelante el exterminio de toda una generación, que violaron mujeres embarazadas, que tiraron ciudadanos desde los aviones, que torturaron a niños de 14 y 15 años, que se apropiaron de bebes y les robaron la identidad. Aquellos que sembraron el terror y que hoy están identificados e impunes, es imprescindible que respondan ante la Justicia y se sostengan y fortalezcan las políticas públicas de memoria verdad y justicia. Cada nieto que aparece es una victoria, y es esencialmente una victoria del Estado de Derecho, de la Calidad Institucional, porque no puede haber Estado de Derecho ni Calidad Institucional si no hay Identidad. Por eso es necesario mantener viva la memoria de los Derechos Humanos. Porque la lucha de las madres y abuelas continúa. Porque los crímenes de "lesa humanidad" no prescriben. Porque la memoria es aprendizaje. Y recordar define la identidad y la conducta de un pueblo.” Luego, tomó la palabra el concejal Ocampo, quien recordó la época de la dictadura desde su propia perspectiva, y luego fue Ventoso quien hizo referencia a la situación previa al Golpe del 73. Tras aprobar por unanimidad la declaratoria se dio por finalizada la sesión.