No obstante, a la fecha, la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó cinco informes que tuvieron como objeto de estudio al Correo Argentino. Dos de ellos evaluaron la gestión del Grupo SOCMA, conducido por Franco Macri, período en el cual la denominación de la empresa fue Correo Argentino S.A (CASA) Los restantes tres corresponden al Correo Oficial de la República Argentina S.A (CORASA), denominación que corresponde al Correo Argentino durante la gestión estatal. La historia entre la Auditoría y el Correo Argentino también cuenta con dos análisis truncos: uno que fue ordenado en el decreto de rescisión de contrato y otro que evaluó la gestión CORASA y que, aunque no fue aprobado por el Colegio, el sitio web El Destape publicó 1997 y la concesión del servicio postal Fue en septiembre de 1997 cuando se decidió que los servicios postales serían brindados, por 30 años, mediante una empresa privada. A partir de un contrato que, como contrapartida, indicaba que la firma deberá abonar $51,6 millones semestralmente y por adelantado en concepto de canon. A ello se le suma la obligación de presentar una garantía de ejecución de $50 millones. En el acuerdo se establecieron motivos que serían causantes de rescisión de contrato. En el caso de que el concesionario no abone el canon debido dentro de los 15 días posteriores a una intimación, que decrete la quiebra, abra el concurso preventivo o que sea intimado por incumplimientos graves y no los solucione dentro de los 60 días. A partir de la firma del convenio el correo pasó, como se señala algunos párrafos arriba, a ser Correo Argentino S.A (CASA). Primer informe de AGN en la era SOCMA La primera auditoría post contrato de concesión se aprobó en abril de 2001 y evaluó el periodo que va de septiembre de 1997 a diciembre de 1998 inclusive. En ella, se detalla que el grupo SOCMA pagó en tiempo y forma el canon correspondiente a los dos primeros semestres. No obstante, del tercer semestre solo se abonaron $21,6 millones de los $51,6 millones acordados. El informe explica que “la empresa procedió a modificar unilateralmente el contrato” por deudas que el Estado tenía con ella. Pese a ello, la Comisión Nacional de Comunicaciones, en su rol de autoridad de aplicación, no intimó a Correo Argentino S.A. a pagar la diferencia. Ante esta situación, el organismo de control había recomendado “exigir al concesionario el pago de la totalidad del canon correspondiente al tercer semestre más los intereses punitorios que corresponden bajo apercibimiento de dar lugar al proceso de rescisión del contrato de concesión y de ejecutar la garantía prevista” que era de $50 millones. Otra de las observaciones realizadas en aquel entonces está relacionada con las inversiones que la concesionaria debía hacer. La Secretaría de Comunicaciones, mediante la resolución 18496/99, aprobó como tal las indemnizaciones correspondientes al Plan de Retiros Voluntarios del Personal. Ante esta situación la AGN consultó, en septiembre de 1999, a la Dirección Nacional de Inversión Pública la validez de dicha opción. El organismo, en aquel entonces, respondió que esas indemnizaciones “no pueden ser consideradas inversiones ya que desde el punto de vista económico no reúnen ninguno de los atributos” y, de hecho, especificó que “son un gasto corriente y de ninguna forma pueden ser aceptados como gasto de capital”. Otro punto objetado por el organismo de control fue que la Secretaría de Comunicaciones aprobó la inversión realizada por el concesionario verificando únicamente la procedencia de los gastos, sin ningún tipo de cronograma detallado de las inversiones. De los $126 millones aprobados, $98 millones no pueden ser considerados como inversiones porque correspondieron a las indemnizaciones por retiro. También se observó que, durante el período evaluado, hubo demoras en los controles que debían verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. La Auditoría vuelve a evaluar la gestión Macri Bajo la concesión del Grupo SOCMA, el Correo fue auditado por segunda vez entre enero de 1999 y octubre de 2001. Para este período el organismo de control observó que “la empresa seguía con la cancelación incompleta del tercer semestre, había hecho otro desembolso parcial por el cuarto y los cuatro restantes no registraban pagos”. También fue motivo de observación que “la CNC y la Secretaría de Comunicaciones no ejercieron sus funciones ante el incumplimiento reiterado del pago del canon por parte del CASA ni promovieron el cobro de la garantía de ejecución en tiempo y forma”. Ante esta situación la AGN no solo recomendó “procurar el inmediato cobro de la garantía” sino que también aconsejó “o dar por resuelto el contrato de concesión por las intimaciones realizadas o continuar pero con una nueva garantía, a fin de garantizar el cumplimiento de futuras obligaciones”. El 19 de septiembre de 2001 Correo Argentino S.A. solicitó la apertura de su concurso preventivo ante la Justicia Nacional en lo Comercial. Al mes siguiente, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 9 dispuso la apertura del concurso preventivo. Estatización del correo y las auditorías a CORASA En 2003, mediante el Decreto 1075 se rescinde “por culpa del concesionario” el contrato suscripto con la empresa Correo Argentino S.A. Además, se crea una unidad administrativa que continuaría prestando el servicio postal y se la faculta para disponer la realización de una auditoría a través de los organismos de control público. Ya en junio de 2004 se firma otro decreto que dispone la creación del Correo Oficial de la República Argentina S.A. (CORASA). En él se establece que el 100% del capital de la sociedad va a pertenecer al Estado Nacional, un 99% al Ministerio de Planificación y el 1% restante al de Economía. Desde aquel momento al cierre de la nota, la AGN aprobó tres auditorías : una en 2007 que evaluó las contrataciones relevantes; otra en 2009, que analizó el servicio y jurídico y la última, un año después, que tuvo como objetivo verificar la administración y disposición de los envíos caídos en rezago. Las auditorías que podrían haber sido En el decreto de rescisión del año 2003 se abría la posibilidad de realizar una auditoría integral sobre el estado del correo, los bienes que se iban a recepcionar y su estado, dando intervención -en caso de que se efectuara dicha evaluación- a la SIGEN, la AGN, la CNC y a la Oficina Anticorrupción. Por otro lado, la AGN tiene a la espera de aprobación un informe sobre la gestión de la empresa CORASA durante 2013. En él, se destacaría el deterioro de las cuentas del correo bajo la órbita estatal. Lo que se plantea en el documento es que mientras que en 2010 de cada $100 pesos que ingresaban al servicio postal se gastaban $102, en 2013 por el mismo ingreso se desembolsaban $123. Así, de $32 millones, el déficit de CORASA habría ascendido a $352 millones.