El hecho se inició cuando los inspectores del organismo ministerial se presentaron en un local ubicado sobre la calle 105 y Avenida 2 y le solicitaron a su propietaria que acredite la contratación de los hombres que realizaban las tareas de control en el boliche. Seguidamente, la mujer mostró una serie de recibos de sueldo emitidos por una empresa denominada Control y Admisión de Permanencia S.A. (CAPSA), que tenían en su parte inferior el logo del ReCAP, algo inconcebible ya que éste organismo es un ente público de control que no tiene permitido percibir arancel alguno. Los inspectores corroboraron que la empresa CAPSA estaba habilitada pero que no se había presentado en el ReCAP a declarar objetivos ni personal a su cargo, a pesar de haber sido notificados debidamente de ello. Finalmente, el organismo realizó una denuncia penal contra la agencia privada por operar sin cumplir con las condiciones establecidas y por falsificación de recibos​