Es que faltan solo ocho dias para entrar en default técnico si la Argentina no cumple con la sentencia definitiva de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que la obliga a pagar al dia de hoy unos u$s1.650 millones a los holdouts. Unas horas antes de la audiencia solicitada por Griesa para que ambas partes el gobierno argentino y los holdouts se reúnan con el mediador Daniel Pollak comienza a sonar fuerte la posibilidad de una cesación de pagos el próximo 30 de julio. Esta situación se produciría en el caso de que Argentina decida no negociar un futuro pago a los holdouts o directamente no pagar. En el último documento presentado a Griesa, los abogados del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton le solicitaron que vuelva a aplicar la medida cautelar, pero esta fue denegada. Esta solicitud de los abogados hace referencia tambien a que se debe incluir a todos los holdouts y se aclara que “debe ser consistente con las otras obligaciones contractuales del país, incluida la cláusula RUFO” (Right Upon Future Offer). El Gobierno podría entrar en una situación que algunos funcionarios del área economica comienzan a llamar “default técnico transitorio”, pero descartan que se trate de una cesación como la de diciembre de 2001, cuando el gobierno de Adolfo Rodríguez Saá decidió no pagar la deuda publica total. La estrategia que evalúan cerca de Kicillof es que el Gobierno depositará los pagos a los bonistas que entraron en los canjes I y II como lo hizo el pasado 27 de junio. En ese entonces el Gobierno depositó los fondos en dos cuentas que el Bank Of New York (BONY) tiene en el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Hay que recordar que del monto total de aproximadamente unos 1.000 millones que la Argentina debía pagar por el vencimiento de los bonos Discount del 30 de junio hay unos u$s539 millones de pagos de juridicción extranjera que el juez Griesa decicio inmovilizar hasta que el Gobierno no arregle con los fondos NML Elliott, Aurelius, Blue Angel y los 13 bonistas que ganaron la sentencia definitiva. El próximo vencimiento es el de septiembre por un total de unos u$s250 millones y el Gobierno continuaría depositando hasta fin de año el pago de los vencimientos. Luego, cuando se caiga la RUFO a partir del 1 de enero de 2015, se accionarán los pagos porque no habría incumplimiento, dicen desde Economía. Otra de las alternativas es que el Gobierno deposite en un especie de fideicomiso en una una cuenta en Nueva York en garantía de pago bonos por el equivalente al monto total de u$s1.650 millones y éstos podrían ser vendidos por los holdouts recién en enero de 2015. La preocupación del Gobierno por los embargos se observa al leer el documento presentado el lunes, donde se menciona que “la perspectiva de una solución se complica aún más por la ofensiva judicial de los litigantes” y alli los abogados argentinos citan como ejemplo los pedidos de embargos que los holdouts realizaron por activos de YPF y Chevron, y tambien para algunas empresas que operan el yacimiento de Vaca Muerta que, de acuerdo a la opinión de funcionarios de Economía, es lo que los holdouts quieren. “Ellos no quieren cobrar los u$s1.650 millones de la sentencia ni en bonos ni en nada, ellos quieren quedarse con Vaca Muerta y poner de rodillas a la Argentina”. Un funcionario que tiene relacion con el Ministerio de Economia comentó a Infobae que “este año nosotros creemos que no realizará el pago de la sentencia a los holdouts porque acciona la cláusula RUFO, y lo que nos llama la atención de todo esto es la formula que aplicó el juez Griesa para pagarles la sentencia a los holdousts que hace que unos 60 millones de dólares de bonos en default comprados por los fondos buitre se hayan trasformado en unos 1.350 millones de dólares. Por lo tanto, si ese aumento del 1.300% se traslada al resto de los bonistas que entraron en los canjes I y II, la Argentina no lo puede pagar si se acciona la cláusula RUFO y sabemos que hay fondos ‘buitre’ que ya compraron deuda restructurada de los canjes de 2005 y 2010 y van a querer cobrar por el lado del 93% que aceptó la reestructuración”. El escrito rechazado por Griesa manifiesta que “en vista de la magnitud de las posibles consecuencias de la activación de la cláusula RUFO, incluso una pequeña probabilidad de activarla hace que el riesgo sea inaceptable”. Por otro lado, fuentes del Gobierno han manifestado que “un acuerdo que firmemos y que gatille la RUFO, que vence el 31 de diciembre, nos generaría demandas por miles de millones de dólares de los bonistas que entraron a los canjes”. En ese sentido, los números que se manejan en el Ministerio de Economía hablan de demandas por unos 500.000 millones de dólares si se acciona la RUFO. “Esta cláusula es la que le impide al país mejorar en forma voluntaria la oferta a quienes entraron o no entraron en los canjes”, confió una fuente. En Economía están sorprendidos de la decisión de Griesa, quien manifestó que no era necesario un nuevo stay. Pero lo cierto es también, según comentan fuentes judiciales de Nueva York, que los abogados argentinos no mostraron una cifra exacta de cuál es el costo de la activación de la cláusula RUFO. Al respecto, un especialista que sigue de cerca la negocación manfiestó a Infobae que “los abogados de Argentina presentaron como información respaldatoria cifras publicadas en distintos medios calculadas por especialistas, pero no hay un monto que especifique lo que le costaría la RUFO al Gobierno”. NUEVO Y DURO COMUNICADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA El Gobierno volvió a cuestionar las decisiones del juez Griesa. Luego de que el magistrado de Nueva York rechazara el stay, el Ministerio de Economía difundió un comunicado con cuestionamientos por la “insólita prohibición de cobro” a los bonistas que ingresaron al canje. Un comunicado del Ministerio de Economía señaló este martes que el juez Thomas Griesa convocó a una audiencia el miércoles “en la ciudad de Nueva York para resolver, de acuerdo a su propia orden, un conjunto de mociones que fueron presentadas hace 15 días ante su Corte” por: (1) Euroclear y Clearstream, (2) Citibank, (3) Bank of New York -BONY-, (4) JP Morgan, (5) Bonistas europeos -Eurobondholders- y (6) Fondos “buitres” (NML). “Sin embargo, el juez Griesa, aunque reconoció que Argentina había pagado, no resolvió absolutamente nada sobre ninguna de estas cuestiones para las que él mismo había convocado a la audiencia, manteniendo con ello su insólita prohibición de cobro”, subrayó la nota de Economía “Argentina, por su parte, apoyó alguna de estas mociones. Y además reiteró su solicitud de una suspensión de la sentencia (stay) remarcando la imposibilidad de realizar una oferta a los fondos buitres que sea mejor que lo ya ofrecido en los canjes. Ya que tal pago violaría tanto la ley Argentina como la cláusula RUFO” (Rights Upon Future Offers o derechos sobre futuras ofertas), señaló el Palacio de Hacienda. “Tal violación implicaría un perjuicio para el país por una cifra que supera los 120.000 millones de dólares, exponiendo a los funcionarios a responsabilidades penales y civiles”, añadió. Según el comunicado de la cartera que conduce Axel Kicillof, “los fondos buitres sostienen que es imposible que la cláusula RUFO aplique. Es por esta razón que Argentina le solicitó al juez Griesa que los fondos buitres tomen un seguro financiero y cubran los riesgos y los costos de una eventual aplicación de la claúsula RUFO. Si tal riesgo fuera nulo, tal cual ellos afirman, el precio de este seguro debería ser despreciable. El juez no sólo no concedió una suspensión de su sentencia sino que además, no pronunció una sola palabra sobre la cláusula RUFO que figura en los prospectos de todos los títulos emitidos en los canjes de los años 2005 y 2010 en poder del 92,4% de los acreedores”. La nota indica que “el día 26 de junio, tal como viene haciendo normalmente, la República Argentina realizó el pago del vencimiento de su deuda” por un monto de 1.151 millones de dólares, de los cuales 539 (millones) fueron depositados en el Bank of New York Mellon (BONY). “Sin embargo, el juez dio orden a los distintos eslabones del circuito de pagos para que no dejen cobrar a los bonistas. Es decir, actuó como un bloqueo de cobro que recayó sobre dinero que es propiedad legítima del 92,4% de los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010″, argumentó Economía. Agregó que los propietarios de los bonos le solicitaron que permita realizar el cobro, lo mismo que los bancos Euroclear, Clearstream, y hasta el propio BONY le pidió que le clarifique qué hacer con el dinero. “El juez Griesa, pese a haber convocado a la audiencia para resolver estas cuestiones, dejó todo en suspenso, amenazando a la República Argentina con lo que él insiste en denominar ‘default’, repitiendo textualmente las palabras de las solicitadas y amenazas de los fondos buitres (ATFA)”, esgrimió el escrito oficial. Ataque a los “buitres” “Los fondos buitres son células financieras especulativas que tienen sede en guaridas fiscales para no pagar impuestos, ni siquiera en los Estados Unidos. Nunca le prestaron dinero a la Argentina, sino que adquirieron los títulos a precio vil luego del default de 2001 con el único objetivo de conseguir un tratamiento especial, mejor que los que ingresaron a los canjes”, expresó el comunicado. “Default es no pagar, Argentina paga. El dinero depositado no puede bloquearse porque pertenece a los bonistas del canje. El juez debe dejar cobrar a sus legítimos dueños. La Argentina quiere honrar sus deudas con el 100% de sus acreedores en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables”, completa.